Transparencia: nuevas leyes, mismos obstáculos

A pesar de las reformas a la Constitución y de las leyes e instituciones que protegen el derecho de acceso a la información, la opacidad y el secreto prevalecen en el país.

| Nacional

Dos días después de la fuga de El Chapo, durante el segundo de los soliloquios ofrecidos por el gobierno federal a manera de conferencia de prensa, Arely Gómez, la procuradora, sentenció que las diligencias que habían practicado y las que llevarían a cabo para dar con el paradero del capo eran información reservada. Así: reservada.

A unos cuantos meses de haber dejado su escaño, Arely Gómez, la procuradora, olvidaba manifiestamente lo que Arely Gómez, la senadora, promovió con ahínco: la Ley General de Transparencia. En unos cuantos segundos, en el marco de su intervención, Gómez clasificó esa información (las diligencias) de forma general y expedita, antes de que se generaran los documentos (la información sobre periciales ya hechas que no había sido expresada en documentos y la de periciales que aún estaban por desahogarse) y sin justificar con fundamento en la ley por qué debían ocultarse al público (es decir, realizar una prueba de daño).

Era la procuradora violando más de un artículo de la Ley aprobada por la senadora.

En un caso paralelo, días antes al primer año de la masacre de Tlatlaya, en una entrevista para El Universal, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, lamentaba la falta de información en relación con los hechos. Esto, señaló, llevaba a que “muchas personas y grupos que a lo mejor no ven bien a las Fuerzas Armadas” sentenciaran discrecionalmente a los soldados implicados. Lo que olvidó anotar Salvador Cienfuegos en su proceso lógico es que la incertidumbre informativa deriva de la misma dependencia: de las decenas de solicitudes de información sobre los hechos de Tlatlaya realizadas por diversos solicitantes a la Secretaría, se ha entregado información “a cuentagotas”, con contradicciones entre las respuestas, o simplemente se ha reservado o declarado inexistente.[1]

La omisión, no obstante, no se limitó a esto. El reportero y el general dejaron de lado también que la renuencia de este último a la transparencia y el acceso a la información ha llegado hasta el Poder Judicial, que, encarnado en juez y a petición de los militares implicados en la masacre de Tlatlaya, prohibió que las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) tuvieran acceso al expediente clasificado, una facultad legal que el pleno está obligado a cumplir para mejor proveer respecto a la clasificación del mismo.

Qué ironía: el gobierno reservando información al mismo órgano garante.

Una tercera ventana a la opacidad viene de la mano del consejero jurídico del Ejecutivo Federal y de los vuelos del Estado Mayor Presidencial. La semana pasada, al mismo tiempo en que el presidente, al inaugurar la Semana Nacional de la Transparencia, hacía uso de su estribillo “compromiso por la transparencia”, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ponía en vilo el acceso a la información sobre los vuelos en los que se transportó él, su familia y su equipo de trabajo, entre otros.

A petición de Humberto Castillejos, el consejero jurídico del presidente, la Corte dio trámite y frenó el acceso que previamente había ordenado el INAI a la información de vuelos presidenciales entre julio y octubre de 2014. Nada ilegal, en un primer vistazo, pues la ley general contempla esta facultad. Sin embargo, rasgando un poco, se diluyen los argumentos de Castillejos de que el acceso a esta información podría constituir una amenaza a la seguridad nacional,[2] y nos adentramos en la especulación: ¿qué esconde el presidente en la información de sus vuelos: seguridad nacional o transporte privado con cargo al erario? Especulación con antecedentes: ya antes se había pugnado por la secrecía en los vuelos del extitular de la Comisión Nacional del Agua David Korenfeld.

Al dar inicio a este procedimiento, de cualquier forma, el consejero excede la Ley aprobada por el senado, pues el procedimiento para impugnar no está regulado –la Ley Federal de Transparencia, atorada en el senado, abordará este asunto. La incertidumbre que genera esto en relación con la tramitación en la Corte, la participación del solicitante en el proceso y los efectos de la suspensión otorgada, entre otros puntos, perjudican seriamente la definitividad de las resoluciones del INAI.

En un cuarto y quinto casos, bastante similares al anterior, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recurrieron también al Poder Judicial, buscando detener resoluciones del INAI que les obliga abrirse a solicitantes de diversa información.

A raíz de las demandas presentadas por estas dos autoridades y de las suspensiones ordenadas por dos jueces en el Distrito Federal, no se abrirán los documentos sobre el crédito que Banobras otorgó en 2012 a una filial del Grupo Higa para la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca. Asimismo, permanecerán ocultos los nombres de las personas contribuyentes (físicas y morales) a las que el gobierno condonó multas durante 2014, por medio de acuerdos fiscales logrados con Prodecon.

El daño a la transparencia presupuestal resultado de estos dos procesos: 6 mil 75 millones de pesos. Dos mil 775 millones de pesos por la opacidad de Banobras y 3 mil 300 por cuenta de Prodecon.


El gatopardismo en la transparencia y el acceso a la información

La procuradora, el general, el consejero, Banobras y Prodecon, todos, se pueden tomar como elocuentes ejemplos o síntomas de un padecimiento que empieza a tomar formas más claras: el gatopardismo en la transparencia y el acceso a la información,[3] o cómo todo cambia para que las cosas sigan iguales. Hemos sido testigos de cambios a la Constitución y a la Ley, y con estas al Instituto y a las garantías para el acceso, y no obstante la opacidad y el secreto permanecen.

En Il Gattopardo, la lección que nos da Lampedusa es certera: quienes se oponen al cambio son, paradójicamente, quienes lo arengan, pero se aseguran de que en la práctica nada cambie.

Bien cabe el gobierno federal en esta dinámica: no hay discurso que desatienda el compromiso con la transparencia, el acceso a la información y sus beneficios. México encabeza la Alianza por el Gobierno Abierto, y tenemos participación de servidores públicos en todos y cada uno de los foros que se vislumbren en la agenda pública. Pero ese es el mismo gobierno que conserva más de 12 millones de expedientes clasificados,[4] y asegura la inexistencia de información en cientos de miles de solicitudes más.

Más allá de la arenga a favor del cambio, en la práctica el gobierno ha decidido mantener el monopolio sobre la información, incluso hasta el punto de judicializar el acceso mismo. Bien puede ser por esto que tenemos a varias autoridades recurriendo precipitadamente al Poder Judicial para frenar las decisiones del organismo garante que no hacen eco de sus intereses, a particulares alegando su supuesta afectación por las resoluciones del INAI, o al consejero jurídico ensanchando frente a la Corte el concepto de seguridad nacional.

En este sentido, a las vías de hecho para negar el acceso (información “a cuentagotas”, contradicciones en las respuestas, reservas e inexistencias) deben agregarse las vías jurídicas a las que ahora recurre la administración pública para obstruir la oportunidad y efectividad de este.

Así como con otros derechos, cuando se judicializa el derecho de acceso a la información, se pierden elementos fundamentales para su plena vigencia: la expeditez y la oportunidad. Los procesos judiciales, aletargados en sí mismos, funcionan como reservas en la práctica, pues cuando la información se declara pública, si así lo ordena un juez, el costo de oportunidad perdido es significativo. Para cuando se hace pública, la información puede resultar ya estéril para desencadenar procesos de rendición de cuentas: los delitos que se presumían pueden haber prescrito o bien los servidores públicos pueden haber adquirido fuero.

Asimismo, la complejidad de los procesos genera incentivos negativos en las personas solicitantes de información. En efecto, los mecanismos de defensa del derecho de acceso a la información, cuando entran al ámbito judicial, no son sencillos y resultan onerosos, lo que impacta directa y negativamente en la actividad procesal de la persona. Así, con el hecho de que la autoridad refute el acceso ante el judicial se beneficia la opacidad, pues tan el solo proceso puede desgastar significativamente el interés y los recursos de quienes solicitan la información.

De cara a este panorama, el INAI no puede resignarse a desempeñar un papel timorato en la defensa del derecho al acceso a la información. El trabajo de revisión y seguimiento que desempeña el Instituto, así como la defensa concreta que realiza en cada caso en el que sus resoluciones o procedimientos se impugnan ante un juez, deben acompañarse de una posición pública (política y jurídica) decisiva en favor del acceso. Las batallas que en lo individual bien da el Instituto en juzgados y tribunales, se deben apuntalar con la determinación del Pleno de denunciar públicamente las vías jurídicas, así como las de hecho, a las que recurren los sujetos obligados para poner en vilo sus resoluciones.

Al final, mucho depende del Instituto el cambio (real) que se logre después de que todo ha cambiado (en teoría).


Notas

[1] Como acuciosamente lo reportó Diana Lastiri. Véase “Permanece oculto archivo de Tlatlaya”, en Reforma, 3 de octubre de 2015.

[2] Encontrando como válida la restricción de la seguridad nacional, la resolución del INAI entregó una ponderación a favor de la apertura de cierta información, no de toda la requerida por la persona solicitante.

[3] Un primer texto al respecto lo publiqué en El Universal, con el título “¿Gatopardismo en la transparencia?”, el 25 de julio de 2015.

[4] Según el Índice de Expedientes Clasificados, del INAI, disponible en http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Sistema_de_Indices?op=Buscar&ope=Buscar&BaseId=2.


Imagen: cortesía de Adriano Agulló

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