Un plan insuficiente para encontrar a los 40,000 desparecidos en México

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El día después de navidad, Roberto Cabrera, el entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), mandó un tweet anunciando la publicación del borrador del Programa Nacional de Búsqueda y Localización de Personas (PNB). El documento de 43 páginas fue preparado por la CNB, una instancia creada hace poco más de un año, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

La propuesta para el PNB emerge en un contexto político fluido y en un momento de mucha actividad de búsqueda, llevada a cabo principalmente por familiares de personas desaparecidas en los últimos 12 años. Las familias siguen liderando la búsqueda de desaparecidos en el país por medio de colectivos de búsqueda, caravanas, e iniciativas como la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda, que tuvo lugar en Huitzuco, Guerrero. En las últimas semanas de enero, el Grupo Vida, un colectivo de búsqueda en Coahuila, encontró ocho kilos de restos óseos en un ejido en el municipio lagunero de Matamoros.

El nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, mencionó a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre del 2014 el día en que tomó posesión. En el primer día hábil de su administración, firmó un decreto autorizando una renovada investigación del caso. Como escribe Marcela Turati, “la agenda pública del gobierno entrante se ha centrado en el esclarecimiento del caso de los 43 normalistas”.

Poco ha dicho el nuevo presidente, sin embargo, sobre el paradero de las 40,180 personas denunciadas como desaparecidas en México. Cabrera anunció la nueva cifra de personas desaparecidas a la vez que confirmó que actualmente hay más de 36 mil personas fallecidas no-identificadas en el país. Ese mismo día, presentó su renuncia como titular de la CNB, después de 10 meses en el cargo.

El PNB pretende ser el documento que oriente la búsqueda de personas desaparecidas a nivel federal de ahora en adelante. El borrador del PNB tiene seis objetivos: llevar a cabo diagnósticos y análisis sobre la desaparición, la organización de un registro fiable de personas desaparecidas en el país, la coordinación de acciones de búsqueda a corto y largo plazo, la identificación de cuerpos no-identificados, mejorar la comunicación sobre la situación de personas desaparecidas y “dar repuesta de manera integral a los familiares de los desaparecidos”.

El documento inicia con una presentación de los antecedentes, revisando la historia de la desaparición forzada en México, particularmente en Guerrero. Pero según un historiador de la Guerra Fría en México, el PNB incluye una lectura parcial de la historia de la desaparición en el país: “si solo te enfocas en Guerrero y la Liga Comunista 23 de Septiembre, se deja a un lado los casos masivos y poco conocidos en otros estados como Sinaloa, Sonora y Chihuahua”, señala Alexander Aviña, de la Universidad Estatal de Arizona, en una entrevista telefónica desde Phoenix.

 

 

Luego, el PNB destaca que “…el Estado ha reconocido las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la Guerra Sucia”. Según Aviña, tal reconocimiento es extremadamente limitado y superficial. “Los casos anteriores de desaparecidos nunca fueron litigados, lo que sentó las bases para la impunidad hoy. Pasaron dos décadas para que fueran reconocidos por el Estado en los años noventa. ¿Qué aprendieron de esa experiencia los militares y las fuerzas policiacas? Entendieron que pueden desaparecer gente sin ninguna consecuencia en su contra”.

El PNB plantea como principio la presunción de vida, es decir, “las autoridades deben presumir que la persona se encuentra con vida”, también nota que “bajo ninguna circunstancia se podrá alegar sobre las condiciones particulares de la persona desaparecida o no localizada, o la actividad que realizada previa” a su desaparición. Reconocer que las víctimas directas de la desaparición, sean quién sean, merecen ser buscados con igual rigor es un paso para formalizar la no-discriminación contra ellos y sus familias.

Silvia Ortiz, la representante de Grupo Vida en Torreón quien busca su hija Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz desde su desaparición en 2004, dijo: “Yo siento que al Programa Nacional de Búsqueda le falta, le falta muchas especificaciones y muchos detalles”. El día que Horizontal contactó a Ortíz por teléfono, iba saliendo a un punto de búsqueda para averiguar si hallaban más restos humanos. La preocupación central de Ortiz sobre el PNB es que no está claro si los restos humanos encontrados hasta hoy van a ser considerados evidencias legítimas en el marco del nuevo sistema de justicia, pues aún existen vacíos que se han estado armando para la buena implementación de la ley penal.

Según la Secretaría de Gobernación, la “Comisión Nacional de Búsqueda dará a conocer las fechas y entidades federativas donde se llevarán a cabo dichas mesas de trabajo”. “Se acordó que cada colectivo iba a mandar una opinión, pero quitaron a Cabrera y eso se detuvo”, dijo Ortiz. “Nadie ha mandado nada porque renunció”.

Karla Quintana Osuna, la exdirectora general de la Asesoría Jurídica Federal del Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas ha sustituido a Cabrera. Quintana era la candidata de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a pesar de ser objeto de quejas por su trato insensible a familiares de personas desaparecidas.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas estipula que cada estado debe de conformar una Comisión Local de Búsqueda, y que debe nombrarse un titular. La mayoría de los estados siguen sin Comisión Local de Búsqueda, y donde se han nombrado titulares, hubo inconformidades y rechazo por parte de grupos de víctimas. En Nuevo León, por ejemplo, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) y otros grupos de víctimas protestaron por el nombramiento de María de la Luz Balderas Rodríguez como titular. La propuesta de Luz Balderas “es darle continuidad a las estrategias que han estado utilizando desde 1988 en la simulación de la búsqueda de nuestros desaparecidos” expresó el grupo en un comunicado.

La situación con respecto a la búsqueda y la identificación de cuerpos varía mucho según cada estado, así como la cobertura que se da a la búsqueda y al trato de los cuerpos exhumados. En septiembre del año pasado, el descubrimiento de 300 cadáveres en putrefacción localizados en tráileres en el estado Jalisco, fue una noticia destacada que horrorizó a todo el país. La semana pasada, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo reveló que entre el 2006 y 2015, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses incineró entre 1560 y 1581 cuerpos sin tomar pruebas de ADN. Pero esa vez la noticia no trascendió, a pesar de que, con estas acciones, el estado de Jalisco haya negado a más de mil quinientas familias la posibilidad de encontrar a su familiar desaparecido.

La búsqueda en vida de personas desaparecidas es una actividad sumamente costosa, y requiere de logística y mucho personal. Sin embargo, el gobierno federal ha propuesto un recorte de presupuesto para la búsqueda de desaparecidos, de $468 millones 946 mil pesos a $400 millones 946 mil. “Se recortó el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Fiscalía y del personal del Fiscal”, dijo Ortiz. “No están apostando al tema, nos van a retrasar seis años. No solamente es un cambio en contra sino un retroceso”. Para poner eso en contexto, en 2019, el gobierno federal proyecta gastar 150 veces más buscando petróleo (75 mil millones en exploraciones y perforación) que lo que invierte en el presupuesto de la CNB para la búsqueda de personas desaparecidas.

Lo que queda claro es que los grupos de familiares van a seguir siendo quienes se encarguen principalmente de la búsqueda de desaparecidos. El nuevo gobierno debe de aumentar la cantidad de recursos y herramientas para la búsqueda de personas desaparecidas en el país. Sin ellas y ellos, no habrá cuarta transformación.

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