¿Una nueva Constitución para México?

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En la víspera de que nuestra Constitución cumpla su primer centenario ha tomado fuerza el debate que se pregunta por su vigencia. Forjada en el fragor revolucionario, la Constitución de 1917 fue la primera en el mundo en tener un carácter abiertamente social, fruto del pacto entre el Ejército Constitucionalista de Carranza y la Casa del Obrero Mundial. Sin embargo, desde la promulgación del texto original a la fecha se le han realizado casi setecientos cambios a través de 227 decretos de reforma constitucional, modificando 114 de los 136 artículos que la comprenden. Su extensión se ha triplicado pasando de unas 17 mil palabras en su origen a más de 60 mil en la actualidad (tan solo la firma del Pacto por México implicó 144 cambios y más de 11 mil palabras añadidas), lo que la convertirte en la segunda Constitución más extensa del mundo, solamente por detrás de la de la India.

La actual Constitución es, en más de un sentido, muy diferente a la original. Tal vez los mejores ejemplos son los artículos 123, que legisla lo concerniente a las cuestiones laborales y que ha experimentado 24 reformas, y el artículo 27, relativo a la propiedad de la tierra y los recursos naturales (el factor primordial de la producción económica nacional) que se ha modificado en 19 ocasiones. Así, dos de los artículos paradigmáticos del carácter social de la Constitución de 1917 están entre los tres que más se han reformado, lo cual refleja el cambio de rumbo que ha sufrido nuestro pacto social.

El debate sobre si la Constitución mexicana ha perdido vigencia y las propuestas de elaborar una nueva no son algo que surja como ocurrencia ante la proximidad del centenario. Esta discusión ha existido desde hace unos sexenios, es decir, desde los tiempos cuando se empezó a debatir la reforma del Estado a principios del sexenio de Vicente Fox. Pero el gobierno de Fox no puso en realidad mucha seriedad en el tema, y pronto mandó al cajón los posibles cambios que hubieran servido para establecer no únicamente un cambio de gobierno sino la reconfiguración del régimen. La transición al final fue de membrete y no hubo ninguna transformación sustancial que convirtiera el cambio de partido en una verdadera transición democrática.

Sin ser las únicas,[1] en la actualidad hay tres importantes iniciativas que abordan este debate.


1. IIJ-UNAM

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en coordinación con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, ha presentado una revisión técnica del texto constitucional llamada Constitución Reordenada y Consolidada, y que va de la mano de una Ley de Desarrollo Constitucional. ¿Los motivos de este reordenamiento? El equipo de juristas del IIJ detrás de esta propuesta (coordinado por Diego Valadés y Héctor Fix-Fierro) considera que actualmente la Constitución presenta inconsistencias terminológicas, disposiciones duplicadas y mucho desorden. “Ese caos la ha convertido en un instrumental normativo inaccesible y confuso.”

En su forma reordenada, el texto constitucional disminuye en un 17.5% de su versión original. Se obtendría así, en palabras de Pedro Salazar, uno de los colaboradores de la propuesta, un texto más coherente, accesible y conciso. La reducción en el número de palabras se logra mediante el reagrupamiento de las disposiciones reglamentarias (muchas de las cuales no implican a toda la ciudadanía, sino a sectores y cuestiones muy concretas) en un texto complementario que llevaría por nombre “Ley de Desarrollo Constitucional”, que representaría lo que se conoce como bloque de constitucionalidad.[2]


2. Constituyente Ciudadana-Popular

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, lanzó el 5 de febrero de 2015 el proyecto de construcción de una Constituyente Ciudadana-Popular. La meta de la iniciativa es generar las condiciones para un proceso constituyente que elabore la propuesta de una nueva Constitución con el objetivo de refundar pacíficamente al país. Para Vera, sacerdote dominico cuya pastoral se ha relacionado con la opción preferencial por los más pobres, la actual Constitución ha sufrido importantes “golpes de Estado técnicos” desde 1988. Las reformas constitucionales que se han llevado a cabo durante este tiempo, afirma, han estado en sintonía con el capitalismo neoliberal y originado la crisis nacional de violencia, corrupción e impunidad en la que vivimos actualmente.

La Constituyente Ciudadana-Popular –que también es promovida por el padre Alejandro Solalinde, el pintor Francisco Toledo y el poeta y activista Javier Sicilia, entre otros– se ampara en el artículo 39 constitucional que establece que la soberanía reside en el pueblo y que este tiene el derecho de modificar en cualquier momento su forma de gobierno. El colectivo busca crear conciencia sobre la necesidad de un gran diálogo nacional que permita establecer las bases de un nuevo pacto social, uno que tenga presentes las necesidades de justicia y fraternidad social. La única salida pacífica al entorno de violencia e injusticia que vivimos, afirman, es la refundación nacional, otro proyecto de nación que sea plasmado en una nueva Constitución que sirva a la gente, al pueblo, y no a los intereses de los políticos y los empresarios de turno en el poder.

La hoja de ruta de la Constituyente Ciudadana contempla tres fases: a) redactar la nueva Constitución, con aportaciones del conjunto de la sociedad, las cuales serán revisadas por expertos y académicos; una vez redactado el texto, se regresaría al pueblo para su aprobación; b) renovar las instancias legislativas federales y locales; c) instalar el nuevo congreso que aprobará el nuevo orden constitucional.


3. Por México Hoy

En octubre de 2015, el colectivo Por México Hoy –integrado por Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas y Porfirio Muñoz Ledo, entre otros– hizo un llamado para la construcción de un debate nacional sobre la necesidad de una nueva Constitución. En su opinión, el pacto fundacional de 1917 ya no existe, erosionado por las reformas estructurales que han vuelto precarias todas las condiciones laborales y con ellas la vida misma. Aquel pacto social ha sido demolido por las reformas estructurales de la economía neoliberal.

El eje principal de este colectivo que pretende convertirse en un frente ciudadano es la propuesta de que, con la recolección de millones de firmas, se introduzca en el Congreso una iniciativa popular que permita la reforma de tres artículos constucionales: el 135,[3] con el fin de convocar a un congreso constituyente que funga como el origen de nuevo proyecto social y de nación; el 35, para que se reconozca el derecho de la ciudadanía a participar en reformas integrales de la Constitución, y el 41, para establecer que la soberanía se ejerce también a través de un Congreso Constituyente.

A pesar de tener liderazgos políticos, Por México Hoy insiste en que es ajeno a proyectos electorales y en que no promueve candidaturas concretas ni busca constituirse como partido. Dice incluso abrir sus espacios a la participación de adversarios políticos o electorales: “Podremos encontrarnos electoralmente en posiciones opuestas, pero no en torno al proyecto común.”


Estas tres propuestas sobre la posibilidad de una nueva Constitución transitan en distintos carriles, pero no lo hacen en sentidos diferentes. No son en realidad excluyentes una de la otra, sino más bien complementarias. Las tres iniciativas coinciden en que la Constitución actual no tiene más el carácter social y popular que se le imprimió en su gestación en 1917 y que desde hace tres décadas se encuentra al servicio de las minorías políticas y económicas. El jurista Diego Valadés, del IIJ-UNAM, por ejemplo, parecería estar de acuerdo con las visiones de la Constituyente Ciudadana-Popular y de Por México Hoy cuando afirma que en “un siglo pasamos de tener una Constitución del pueblo, a la Constitución de la élite gobernante y luego, de la élite económica internacional”, y que en los últimos años se habla más de las reformas constitucionales en Wall Street que en México.[4]

Es claro que en México el pacto social está roto. No es tanto una afirmación retórica, sino una conclusión que se puede derivar del análisis de datos duros. La población mexicana cuenta con 60 millones de pobres, 70 millones de personas sin seguridad social y 89 millones en alguna condición de vulnerabilidad. El país tiene el salario mínimo más bajo entre los países de la OCDE y no conoce realmente el crecimiento económico, mucho menos desarrollo pleno, aunque las fortunas personales de unos cuantos aumentan día tras día. México es, además, extendidamente asolado por la violencia, como lo señalan los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, la larga lista de periodistas asesinados (Anabel Flores Salazar, la más reciente de ellos) y las decenas de miles de asesinados (no muertos, asesinados) y desaparecidos de los últimos sexenios.

Pedro Salazar, también del IIJ-UNAM, afirma que, si bien la reordenación de la Constitución es el proyecto más viable en el plazo inmediato, este no contradice la agenda que imagina un texto completamente nuevo; puede ser de hecho su punto de partida. La Constituyente Ciudadana-Popular desconfía de los políticos, como muchos de nosotros, pero también es cierto que necesitamos de la política para poder llevar a cabo una agenda social. Por México Hoy abona a este propósito. Incluso hay otros proyectos que, si bien no hablan explícitamente de una nueva Constitución, siempre se han referido a la idea de refundar el pacto social y la vida pública nacional a través de otro proyecto de nación, como ha sido el caso del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

La situación de emergencia nacional es tal que se requiere dar la batalla a las élites políticas y económicas de una forma conjunta y ordenada. Dejar la resolución de todos los problemas a las coyunturas electorales (y, por lo tanto, a los políticos) ha resultado en un constante fracaso para la izquierda. La sociedad debería ser capaz de construir una agenda nacional que pueda situar en el centro del debate la necesidad de reconquistar los derechos sociales que han sido arrebatados, como el contar con puestos de trabajo con seguridad social, salarios dignos, oportunidades de empleo, educación gratuita y de calidad desde la primaria hasta la universidad, un sistema de salud universal y eficiente, pensiones decorosas, etc. También debería ser capaz de plantear la posibilidad de nuevas conquistas, propias de nuestros tiempos: igualdad no solo jurídica sino real para mujeres, indígenas y migrantes; la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todo el país; la despenalización del consumo de marihuana; la provisión de derechos laborales plenos a las trabajadoras domésticas; la introducción de las figuras de referéndum revocatorio o consulta vinculatoria; el derecho a la eutanasia, a la información; los derechos digitales, etc.

Si en el presente sexenio las reformas en los ámbitos de energía y telecomunicaciones se negociaron preguntando a los propias industrias involucradas su parecer, ¿por qué no se podría hacer lo mismo con la gente cuando se hacen reformas laborales o las que implican a los órganos de gobierno? ¿Es necesaria una nueva Constitución para México? Sí, una que represente y ayude a construir lo que la mayoría queremos: un nuevo pacto social que pueda resolver los problemas de exclusión y desigualdad que se han agravado exponencialmente desde hace más de tres décadas, no una que ha sido bordada al gusto de las élites

Los esfuerzos del IIJ-UNAM, la Constituyente Ciudadana-Popular y Por México Hoy podrían detonar, catalizar o aglutinar las discusiones. Pero el nuevo pacto social solamente tendrá legitimidad si se crea desde abajo, con un amplio debate nacional en el que participemos todos, especialmente los grupos marginados. Hay que recordar las palabras del fallecido ministro de la Suprema Corte, Juventino Castro, quien también se pronunció a favor de una nueva Constitución: “son los grandes movimientos populares los que hacen las constituciones; no se hacen en los despachos, en la reflexión del estudio, [sino] en la vida política que siempre es partidaria. […] se hace cuando el pueblo quiere.”

(Foto: cortesía de Esparta Palma.)


Notas

[1] En 2009, los académicos José de Jesús Covarrubias Dueñas y Rafael Covarrubias Flores, de la Universidad de Guadalajara, redactaron y presentaron una propuesta para una nueva Carta Magna. Por su parte, los juristas Jaime Cárdenas, Manuel González Oropeza y Miguel Carbonell han insistido desde hace varios años en la necesidad y pertinencia de un nuevo texto constitucional. También existe el Congreso Constituyente Ciudadano que agrupa a académicos de varias universidades y a miembros de ONGs. También las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), grupo que guerrillero que dio forma al EZLN, se han pronunciado por realizar encuentros sociales y ciudadanos que permitan la creación de una nueva Constitución y el establecimiento de un nuevo contrato social en México.

[2] El concepto de bloque de constitucionalidad surgió en Francia en la década de los setenta. Fue tomado del derecho administrativo, en el que se utiliza la noción de «bloque de legalidad».

[3] En la actualidad, el artículo 135 de la Constitución señala que para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Esto es lo que denominamos el constituyente permanente.

[4] Reforma, 31 de enero de 2016.

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