Verde inmunidad

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En 1929 el gobierno de los Estados Unidos espetó a un vasconcelista que “el gobierno democrático real vendrá solo cuando el candidato derrotado haya aceptado pacíficamente los resultados de una elección, aun si los resultados fueran causa de métodos clandestinos o aun de un fraude”. El cable, recogido por Sergio Aguayo en su libro Vuelta en U, da cuenta de la arraigada costumbre de justificar “veredictos de las urnas” aun cuando se hubiesen obtenido con métodos contrarios a la democracia.

En el México del haiga sido como haiga sido, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha perdonado la existencia del Partido Verde (PVEM). Con esta decisión, sus consejeros (con la notable excepción de la consejera Pamela San Martín y de los consejeros José Roberto Ruiz, Javier Santiago y Arturo Sánchez que votaron a favor de la desaparición del PVEM) han normalizado la idea de que la ley puede violarse de forma grave y sistemática para ganar el poder como si fuera una fatalidad del estado actual de las cosas.

La Ley es clara: es causa de pérdida de registro “incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral”. Asimismo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los partidos serán sancionados, “en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político” [1].

En la sesión en la que el Consejo General perdonó al PVEM, consejeros reconocieron que este partido había violado la ley de forma sistemática. En palabras del Consejero Presidente: “Por lo que hace a la sistematicidad de las conductas cometidas por el PVEM, me parece que no hay mucho que decir; a lo largo de los meses y de cara a la elección, ese partido asumió la actitud recurrente de trasgredir las normas para obtener una ventaja indebida frente a sus competidores durante la contienda electoral.”

La discusión giró entonces hacia la gravedad de las violaciones. Aquí los consejeros coincidieron en que el Verde no incurrió en faltas graves porque no ganó las elecciones, no puso en riesgo la democracia y las sanciones fueron suficientes para soterrar todo indicio de impunidad. Además, concluyeron, quitar el registro es propio de regímenes autoritarios y proceder así violaría el derecho de asociación de militantes y simpatizantes.

¿El Verde no ganó? Los consejeros señalaron que el PVEM no se benefició de la conducta indebida porque ni siquiera obtuvo más de dos dígitos en las preferencias electorales. Deliberadamente omitieron el dato de que en estas elecciones el Verde obtuvo la mayor cantidad de diputados en su historia: un aumento del 68% respecto de las últimas elecciones al pasar de 28 a 47 curules.

Figura 1

Esta referencia no es menor por tres consideraciones. Por un lado está el acceso a las subvenciones que otorga la Cámara de Diputados, que tan solo en la presente Legislatura representaron un ingreso para este partido por 204 millones de pesos (aun faltando un cuatrimestre). Ello sin considerar las partidas presupuestarias de las siete comisiones legislativas que presiden [2] y las 37 secretarías de comisiones que ostentan en esta Legislatura y que seguramente aumentarán con la obtención de más curules. Segundo, el Partido Verde obtendrá beneficios por el hecho de que sus votos garantizarán la mayoría del PRI en el Congreso. Tercero, el PVEM será la puerta de acceso a comisiones legislativas poderosas, como la de Radio y Televisión, que, ante su tradicional sometimiento ante las empresas televisoras, les garantizará acceso a medios de comunicación de forma ilegal y ventajosa.

Por su parte, los consejeros consideraron que las multas por más de 597 millones de pesos (de las cuales solo 185 mdp han sido confirmadas ya por el Tribunal Electoral) fueron suficientes para evitar la impunidad y castigar la conducta del PVEM. Este argumento omite el apunte incómodo de que a pesar de la existencia de todas estas multas, el Verde siguió violando la ley, es decir, no corrigió su conducta que es el propósito de todo castigo. Por otra parte, descarta que tales cantidades pueden solventarse gracias al financiamiento púbico que tiene el partido como al acceso que pueda tener a los presupuestos fruto de su posición legislativa de la que salió beneficiado por violar la ley.

En tanto, los consejeros puntearon que la actuación del PVEM no pone en riesgo la democracia. Como plantea Jesús Silva Herzog-Márquez, el Verde ha dado muestra de su deslealtad a la democracia. La ausencia de un castigo ejemplar es incentivo para que en el futuro este mismo partido u otros calculen que violar la ley reditúa. Pero, más aún, como señala José Roldán Xopa, la fuente de legitimidad de la obtención del poder es hacerlo obedeciendo a la ley. Citando al clásico Adam Przeworski, “la democracia es un sistema en el que los partidos (ganan o) pierden elecciones”; aquí queda claro que el Verde viola la ley de forma sistemática para no perder, para ganar. ¿Ese ejemplo no pone en riesgo a la democracia? ¿Esto no es grave?

Los consejeros argumentaron que desaparecer un partido es un recurso extremo propio de los regímenes autoritarios. No obstante, Francia, Alemania y España, por citar algunos ejemplos, en pleno goce de sus credenciales democráticas hicieron uso de la desaparición de partidos en contextos específicos. Por otra parte, los consejeros señalaron que la desaparición del PVEM violaría los derechos de asociación de sus militantes. En este sentido, es evidente que toda decisión implica una colisión de derechos, ya que frente a los militantes está el derecho ciudadano de gozar elecciones libres y auténticas, lo cual es imposible en un contexto de violación sistemática de la ley.

Por lo demás, aunque no puede usarse como argumento, no pasa desapercibido que el Partido Verde es un cascarón. Sus militantes solo han aportado el 0.4% del financiamiento que ha recibido ese partido. En 1998, 1999, 2001, 2002, 2008, 2010 y 2011 no aportaron un solo centavo a la causa verde. Fue el partido que menos representantes de casilla registró en las elecciones presidenciales. Desde su creación hasta el año 2013 solo tenían 6,597 militantes inscritos y únicamente en los meses de enero y febrero de 2014 registraron la fabulosa cantidad de 726 mil militantes: una multiplicación de dimensiones bíblicas, más que cívicas. Finalmente, en 2012 su Consejo Político Nacional compuesto de 30 personas, decidió casi la totalidad de las candidaturas a puestos legislativos. ¿De cuáles derechos de la militancia hablan los consejeros?

Con su decisión, los consejeros del INE se situaron lejos de la historia y cerca de la ignominia. Se pusieron del lado de la corrupción y no de la consolidación de las instituciones democráticas. Se colocaron al lado del statu quo y lejos de la ciudadanía. Lamentable, y es una señal ominosa de cara a las elecciones presidenciales del 2018.


Nota

[1] “Fundamento en lo dispuesto en la Base II párrafos uno y tres, apartado A) párrafos dos y tres de la base III del artículo 41 y párrafos siete y ocho del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 94 inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos y en lo establecido en los artículos 442 numeral 1 incisos a), f) e i); 443 numeral 1 incisos a) b) c) e) h) i) y l); 449 numeral 1 incisos c), e) y f); 452 numeral 1 incisos a) b) y e) y 456 numeral 1 inciso a) fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.

[2]  Comisiones legislativas presididas por el PVEM en la LXII Legislatura: Del Café, Desarrollo Municipal, Fortalecimiento a la Educación Superior y la Capacitación para Impulsar el Desarrollo y la Competitividad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Radio y Televisión, Seguimiento de los Programas Sociales Destinados a los Adultos Mayores, y Tecnologías de la Información y Comunicación.


Fotografía: INE

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