Violencia obstétrica

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Cuando quedé embarazada por primera vez, jamás pensé en cómo quería que fuera mi parto. Confiaba en que llegado el momento sabría qué hacer y todo estaría bien. Mi embarazo fue atendido en su totalidad en una clínica del Seguro Social con revisiones generales cada mes y sin incidentes, así que, cuando las primeras contracciones se hicieron frecuentes, acudí a la sala de urgencias con más emoción que miedo. Fue en ese momento que las cosas comenzaron a ir mal para nosotros.

Me dijeron que por ser “primeriza” tenía que esperar otra semana en reposo y me regresaron a mi casa. A los tres días volví porque ya no aguantaba más y otro médico de guardia me regañó por no haber ido antes. Intenté explicarle la situación, pero atendía a varias pacientes a la vez y apenas me escuchó. No pretendo hacer el extenso relato de lo que fue para mí, emocional y físicamente, esa noche y los días que le siguieron. Al final, lo único que quiero resaltar es que no pude cargar ni tocar a mi hijo hasta que ya había cumplido diez días de nacido debido a una infección en los pulmones que lo mantuvo con oxígeno más de una semana.

Antes de hacerme una cesárea con anestesia general (porque, me dijeron, “estás muy nerviosa para que te haga efecto la epidural”), una enfermera me rompió manualmente la bolsa en un pasillo (lo que, después me enteré, ocasionó probablemente la infección). A los pocos minutos, un médico que jamás volví a ver la regañó por “haberse adelantado” —todo esto frente a mí como si yo no estuviera escuchando. Por supuesto que nadie nunca me preguntó sobre ninguno de estos procedimientos, mucho menos me explicó qué eran y para qué servían los medicamentos que habían puesto en mi suero. La política del hospital impedía que algún familiar me acompañara durante el proceso, así que cuando perdí la conciencia tampoco nadie fue consultado respecto a las decisiones que se tomaron conmigo y mi bebé. Cuando desperté, él ya estaba en un respirador, y por varios días no pude verlo más que a través del cristal.

Por desgracia, mi caso no es una anomalía resultado de una serie de eventos desafortunados. Al contrario: corrí con más suerte que muchas otras mujeres, incluso que mis propias compañeras de pabellón. Recuerdo que al bebé de una de ellas le fracturaron la cadera por sacarlo con fórceps (y no, esto no ocurrió en 1950 sino en 2010), a otra le hicieron una episiotomía que se infectó, y a una tercera la dieron de alta aunque sufría de una hemorragia. En ese entonces yo no tenía idea de que todo aquello tenía un nombre             — “violencia obstétrica”—, ni de que se trataba de una violación a mis derechos humanos.


Definición y tipificación

La violencia obstétrica es “una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva. Se genera en el ámbito de la atención al embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud —públicos y privados” (Gire, 2014). Es decir, es un concepto que abarca desde el maltrato psicológico o verbal hasta la realización de procedimientos sin consentimiento de la paciente, pasando por la negativa a proporcionar información o atención y la obstaculización del contacto inmediato madre-hijo después del parto.

Este tipo de violencia ha sido tipificada por el Senado mexicano desde el 30 de abril del año pasado, después de que se demostrara que más del 40% de las cesáreas y episiotomías realizadas en nuestro país son innecesarias o pudieron haberse evitado con las medidas adecuadas. Sin embargo, cada día seis mil mexicanas siguen expuestas a este tipo de violencia debido principalmente a la falta de información y el desconocimiento de sus derechos en el momento del parto. Ninguna institución a la fecha explica a las mujeres que sus partos les pertenecen y que solo les corresponde a ellas decidir de qué manera llevarlos a cabo.

Las instituciones de salud hacen creer a las pacientes que son inexpertas o ignorantes y que ellos, al ser autoridades médicas, deben tomar todas las decisiones sin ser cuestionados. Al momento del parto, la mayoría de las mujeres ignoran sus opciones y están demasiado asustadas o adoloridas para exigir que se respete su voluntad. Es por eso que la violencia obstétrica se ubica dentro de la violencia de género. También forma parte, sin embargo, de un fenómeno más complejo y difícil de penalizar: la violencia institucional, que se considera la más grave debido a la impunidad con que habitualmente se ejerce. La violencia institucional consiste en cualquier uso ilegítimo de la fuerza o cualquier práctica autoritaria que vulnere los derechos humanos con el respaldo de una institución pública o privada. (Incluso las formas de sufrimiento infligido que pueden implicar ciertos procedimientos burocráticos podrían ser catalogadas como violencia institucional.)

En el caso de la violencia obstétrica, la violencia institucional sucede en el momento en que la eficiencia predomina sobre el bienestar. Los partos apresurados y altamente medicalizados —con medicamentos, anestesia y procedimientos quirúrgicos innecesarios— que se practican en las instituciones de salud pública responden a que esta última se concibe bajo una lógica meramente institucional: las personas se convierten en expedientes que hay que despachar lo antes posible —en el mejor de los casos— o apilarse y olvidarse —en el peor.


La salida falsa de la criminalización

Muchos médicos y enfermeras se han opuesto a la tipificación de la violencia obstétrica como delito, porque al final de cuentas serán únicamente ellos quienes reciban las sanciones (que van de seis meses a tres años de cárcel). La realidad es que ellos son el último eslabón de una larga cadena que inicia en los altos mandos de la Secretaría de Salud. Criminalizar a médicos y enfermeras como los únicos responsables de la violencia obstétrica es la forma en la que el Estado se pretende lavar las manos de su responsabilidad de proporcionar, no solo atención clínica durante el parto, sino también las condiciones indispensables para que esta atención sea posible, como instalaciones y personal suficiente que garanticen la salud y la integridad de las mujeres. Si el Estado sigue permitiendo que su personal médico trabaje bajo condiciones precarias, aunque se impongan sanciones si existe alguna queja, la violencia institucional continuará actuando impunemente,

Asimismo, es labor del Estado garantizar los derechos de las mujeres embarazadas y proporcionarles información sobre las distintas opciones con las que cuentan al momento de dar a luz. El parto humanizado, la estancia compartida y la presencia y apoyo de familiares durante el alumbramiento no deberían ser privilegios de quienes pueden pagar un hospital privado como ocurre hoy en día. Un nacimiento modifica la dinámica de una familia por completo y, por lo tanto, no debería ser considerado un asunto que concierne únicamente a las mujeres, sino visto como algo que involucra a toda la comunidad. Las parejas y los familiares deberían comenzar a exigir también su derecho a estar presentes en el alumbramiento de sus hijos, sobrinos y nietos. Defender el pleno derecho sobre nuestros cuerpos también significa defender el pleno derecho sobre nuestros partos.

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