¿Y ahora qué, Colombia?

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La sorpresiva victoria del No en las urnas deja el siguiente saldo: al gobierno de Juan Manuel Santos aún más deslegitimado pero con un premio Nobel, al expresidente Uribe de nuevo fortalecido y al pueblo colombiano en total incertidumbre. Recuento de una semana histórica y casi absurda para Colombia.

El 2 de octubre iba a ser la fecha más importante en tiempos recientes para Colombia, en la que los acuerdos de paz con las FARC-EP fueran aprobados por voluntad popular para ratificar el fin de la guerra más prolongada del continente. El 2 de octubre, en cambio, pasó a la historia como el día en que una nación, entre apática, desinformada y convencida, tiró por la borda la esperanza más tangible de los últimos 30 años de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera, con todo y las zonas grises que las 297 páginas del acuerdo final puedan tener. Con un margen de menos del 0.5% de diferencia (53.894 votos), triunfó el No, que rechazaba el acuerdo firmado el 26 de septiembre entre el gobierno colombiano y las FARC-EP.

El presidente Juan Manuel Santos fue siempre claro respecto a que era necesaria la refrendación popular los acuerdos para que éstos entraran en vigor, aunque ésta no era necesaria desde un punto de vista legal ni constitucional y las FARC se habían opuesto a dicha posibilidad hasta junio de este año. Pero nadie, ni siquiera quienes defendieron la opción del No en el plebiscito, había llegado a contemplar qué hacer en caso de que los colombianos decidieran no refrendar el acuerdo. En este momento, el país está ahora en un profundo vilo político, jurídico y social. El acuerdo y su implementación ahora están en un limbo, lo que representa un bloqueo institucional y legislativo por cuenta de los espacios y proyectos de ley que ya se habían empezado a adelantar en el ejecutivo y el Congreso. El votante de a pie, los movimientos sociales, estudiantiles, de víctimas y de derechos humanos, los intelectuales y la mayoría de medios de comunicación que con entusiasmo o escepticismo apoyaron la opción por el Sí, ahora buscan incansablemente respuestas.

Además, los resultados, muy desiguales entre regiones, muestran “el país que tenemos” y han reavivado conflictos territoriales y sociales, como los que se dan entre las regiones históricamente abandonadas por el Estado, con mayor impacto del conflicto armado, y las ciudades y las que separan a las víctimas de las no víctimas. Mirando el mapa electoral es clara esa diferenciación, y el apoyo claro y decidido de las poblaciones más afectadas por el conflicto y pobres al acuerdo.

Dos preguntas son las que incansablemente se hacen todos los sectores de la sociedad colombiana así como los medios y las instancias internacionales, que casi irrestrictamente apoyaron el acuerdo. Miles de respuestas parecen surgir ahora, días después de este parteaguas, sin que ninguna de ellas parezca ser totalmente convincente. ¿Cuáles fueron las causas de la victoria del No? y ¿qué pasará y qué hacer ahora?


¿Dónde buscar las causas?

Lo que parecía una victoria segura terminó siendo una gran decepción. No importó que toda la propaganda oficial del gobierno Santos, más la de la mayoría de los partidos políticos (incluidos el conservador, el liberal y los partidos de izquierda), casi todos los movimientos sociales, las ONG’s y la academia, además de la comunidad internacional, dieran su apoyo irrestricto no solo al plebiscito sino a todo el proceso de negociación con innumerables movilizaciones, comunicados, foros y encuentros para reiterar su aprobación y discutir al respecto. Las encuestas previas al domingo mostraron también en su gran mayoría una previsible victoria del Sí, que podría llegar al 70% del apoyo popular. Pero para gran parte de la población, más del 63% de los votantes que se abstuvieron, estos acuerdos son poco más que letra muerta. ¿Cómo es que para una nación con un conflicto armado y social tan brutal, degradado y prolongado como el colombiano terminar definitivamente las hostilidades con el actor armado de mayor duración no parece ser importante? No hay una única causa que pueda explicarlo todo; más bien, son un complicado entramado de razones diversas que, si bien podrían no ser coherentes entre sí, son muy poderosas.

El acuerdo tocaba cinco puntos muy amplios y ambiciosos (reforma rural; participación política de las FARC-EP y otros sectores de oposición; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas) que, en conjunto, dieron un documento de 297 páginas. Desde que se dio a conocer el texto final y el plebiscito pasó poco más de un mes, por lo cual era imposible pensar que los 34 millones de personas habilitadas para votar lo fueran a leer. Así las cosas, ambas campañas se dedicaron a explotar lo que ellos consideraron lo más importante del documento para exponer sus razones.


Las campañas para el plebiscito

En general, la fallida campaña por el Sí involucró, de un lado, a los sectores de la sociedad civil (jóvenes y estudiantes, ONGs y el movimiento social) y la campaña oficial del gobierno. Durante el mes de campaña por el Sí, se intentó llevar a cabo una pedagogía de los acuerdos concisa y directa (especialmente desde las organizaciones de base) que, en términos generales, recurriera a explicar lo más relevante del texto. Sin embargo, dos críticas clave han surgido: la primera, que la infinidad de campañas y espacios diferentes ­–diversas organizaciones y movimientos crearon sus propias cartillas y grupos dentro de cada universidad hicieron sus procesos pedagógicos, entre otros­–, en su afán por poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, lo que logró fue tener un efecto contraproducente pues terminó por saturar al votante indeciso y convencer aún más a aquellos del lado del No. Asimismo, aunque parezca contradictorio, los grupos por el Sí han reconocido que faltó diversificar su pedagogía en espacios más de base y en las regiones y algunos territorios directamente afectados por la guerra. El trabajo se hizo, sobre todo, en las ciudades grandes en donde en general ganó el Sí –excepto, como se verá más adelante, en Medellín y la zona cafetera, fortín del expresidente y senador Álvaro Uribe, y en otras áreas de influencia del conservadurismo. Pero, además, los partidarios del Sí se confiaron demasiado en la victoria, teniendo en cuenta las previsiones de las encuestas y la convicción de que el gobierno y los partidos que lo integran podrían a funcionar sus maquinarias políticas en las regiones.

Por supuesto, las mentiras, la desinformación, el miedo y las amenazas, como en cualquier campaña política reciente –pensemos en el Brexit, las presidenciales en Estados Unidos y la formación de gobierno en España–, jugaron un papel primordial en el resultado. En su campaña el gobierno prometió que la paz llegaría con la firma del acuerdo, a sabiendas de que la construcción de ésta es un proceso de largo aliento que pasa, primero, por el cese de hostilidades con todos los demás actores armados que aún continúan activos como el ELN y los grupos paramilitares y con los cuales todavía no hay salidas claras a la confrontación. Además, el propio Santos advirtió que, si no se votaba positivamente, la guerrilla volvería a empuñar las armas, que se avecinaría una “guerra urbana” y que, si no se conseguía el resultado esperado, sería inútil e inviable volver a la negociación.

Sumado a eso, la elección presidencial de las cabezas visibles de la campaña del Sí, no fue nada acertada: fueron designados el expresidente César Gaviria y la ahora exministra de educación Gina Parody, que en los meses pasados había sido el centro de ataques de grupos de ultraderecha que la acusaron de querer imponer una “ideología de género” a los menores. Ninguno de los dos goza de mucha popularidad, igual que el presidente, cuya aprobación apenas pasa del 25%, lo que sin duda pasó la factura. Muchos de los sectores sociales que defendieron el No lo hicieron más como oposición al gobierno que por el contenido del acuerdo. Tal es el caso de los taxistas (que piden la ilegalización de Uber), de los camioneros (a quienes el Gobierno ha incumplido los compromisos a los que llegaron en agosto tras casi dos meses de paro) o sectores religiosos (que criticaban el alejamiento de Dios y la imposición de “la ideología de género”).

La orilla del No tuvo un marcado tono conservador desde todos los frentes. La gestión fue asumida casi unánimemente por el Centro Democrático, el partido de derecha de Álvaro Uribe, y por otras figuras de renombre de este lado del espectro como el ultraconservador exprocurador general Alejandro Ordóñez, el exministro de defensa Fernando Londoño –conocido por sus posiciones guerreristas y recalcitrantes– y por miembros de las iglesias cristianas evangélicas. Así, la campaña del No fue también muy controvertida, fundamentalmente por los mensajes en los que se centró. En una entrevista para el periódico El Colombiano que no demoró en convertirse en un escándalo tremendo por la falta de ética que implica, el exsenador Juan Carlos Vélez Uribe reveló –por razones que aún son difíciles de comprender en términos de cálculo político– que “la estrategia [de campaña] era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación” y así lograr que la gente saliera a votar con rabia. Vélez, además, dio una lista de los principales financiadores de la campaña, en la cual apareció el grupo empresarial Ardila Lulle, uno de los emporios económicos más poderosos del país y principal accionista de RCN, uno de los dos medios de comunicación más influyentes, que llevó a cabo propaganda profundamente sensacionalista durante el mes de campaña.

Así la estrategia fue dejar de lado lo acordado y concentrarse en crear un relato plagado de caos, miedo y escenarios apocalípticos si ganaba el Sí, en que el temor principal era la entrega del país a los terroristas y al “castrochavismo” (lo que implicaría llegar a la situación de la que conciben como “caótica Venezuela”) y la reforma fiscal, con la consiguiente subida de impuestos para pagar la implementación de acuerdos. Uribe y sus seguidores –varios de quienes son señalado de ser patrocinadores del paramilitarismo y de estigmatizar y señalar de guerrilleros a poblaciones rurales, sindicalistas, al movimiento estudiantil y a las organizaciones de derechos humanos– se enfocaron en caracterizar un improbable escenario que, sin embargo, resultó muy eficaz y caló hondo entre una gran parte de la población indiferente a la política pero que a la hora de elegir desde la desinformación aún hoy reconoce y celebra la política guerrerista y de confrontación armada hasta las últimas consecuencias aplicada a cabalidad durante los ocho años de gobierno uribista.

Luego vino lo que ellos consideraron impunidad absoluta para los “narcoterroristas”, desconociendo el aparato jurídico creado por el acuerdo, la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, sobre la cual los equipos negociadores trabajaron más de un año y que ha sido elogiada a nivel internacional por sus avances en materia de justicia transicional, centrada en las víctimas y la aplicación de la llamada justicia restaurativa.

Por si fuera poco y tergiversando el imprescindible enfoque de género del texto (es el primer proceso de paz que cuenta con una subcomisión de género encargada de hacer propuestas concretas a lo largo de todo el acuerdo para la aplicación de medidas en favor de los sectores discriminados históricamente por razón de género) muchos partidarios del No, especialmente en los sectores cristianos más tradicionalistas, alarmaron sobre lo que, en su opinión, era una forma de imponer la “ideología de género” y, como consecuencia, acabar con la familia y los valores cristianos. Esto, sin duda, reabre el debate, que parecía cerrado en América Latina, de si la religión tiene no solo alguna cabida en la política sino también hasta dónde y de qué manera influye en la constitución de un determinado proyecto político-ideológico.

En ese orden de ideas, ¿cómo explicar que con una campaña llena de falacias logre calar en sectores tan dispares de la población? Aunque parezca extraño reconocerlo para sectores de la izquierda, académicos colombianos como María Emma Wills han señalado que el uribismo, lejos de ser solamente un reflejo de los intereses de cierta élite terrateniente, regional y conservadora, es en realidad un movimiento de masas interclasista con unos visos de populismo de derecha muy marcados. Esto se relaciona sin duda con la calidad de la cultura democrática del país, caracterizada por una falta de tolerancia y respeto por la diferencia. Así las cosas, lo cierto es el juego con la desinformación y con las pasiones más directas funcionó mejor que apelar a la lógica equilibrada y racional de la mayoría de campañas por el sí.

Desde un punto de vista teórico y curiosamente más trabajado en la academia progresista y el proyecto de la radicalización de la democracia, lo que el uribismo logró hacer, y por ende recuperó muchos de sus réditos políticos perdidos, fue agrupar diversos descontentos y voluntades populares muy diversas en lo que Ernesto Laclau y Chantal Mouffe llamaron la “cadena de equivalencias”. Esto es, la articulación de muchas demandas variadas y diferenciadas en una única voluntad que, con sus matices, logre representar a grupos que en apariencia no tendrían características en común. Las mencionadas iglesias cristianas, el gremio de taxistas, el de camioneros y transportadores, entre otros, se agruparon en torno a una misma propuesta. Incluso si dichos sectores sociales no se reconocen a sí mismos como uribistas, lo cierto es que Uribe y su movimiento, al llevar la bandera del No, logró ponerlos de su lado como un solo bloque electoral y así, en un momento en que nadie lo esperaba, cambiar abruptamente la correlación de fuerzas actual.


¿Y ahora qué?

De todas maneras, mucho se ha dicho que ni desde el Sí ni el No tenían preparado un plan B si los primeros perdían y los segundos ganaban. En ese sentido, los días siguientes al plebiscito han sido un verdadero torbellino de eventos y emociones. El mismo domingo luego de la derrota Santos ofreció una reunión para el día siguiente con todos los sectores políticos del país, en especial aquellos en la oposición del plebiscito para lograr un “nuevo pacto político nacional” que lograra poner de presente las objeciones que tenían sobre el acuerdo y lograr la mejor y más pronta salida a este momento de crisis. Solo hasta el martes se llevó a cabo la tan esperada reunión entre el gobierno y los abanderados del No, encabezado, por supuesto, por Uribe, que mostraron una voluntad aparente de llegar a acuerdos mínimos.

Sin embargo, no hay una propuesta de salida clara. Las opciones pasan tanto por el ámbito jurídico como por el político: encontrar una forma jurídica de salir del plebiscito (vinculante para el gobierno) y, al mismo tiempo, una opción que permita legitimar el acuerdo, respetando la decisión democrática de la sociedad.

En el terreno jurídico hay varias opciones. Por un lado, algunos defienden, y ya defendían antes del plebiscito, que no es posible someter a votación popular un derecho fundamental, como el derecho a la paz en este caso (art. 22 de la Constitución política de Colombia), es decir, que se trata de un derecho contramayoritario. Otras vías que se están intentando a este respecto son la de anular el plebiscito con base en la campaña fraudulenta del sí, que sería contraria a los criterios establecidos por la Corte constitucional, o por las condiciones meteorológicas que se vivieron sobre todo en la Costa Caribe e impidieron a muchas personas ir a votar.

También se han presentado varias opciones de “salida negociada” a la situación. Una de ellas, la propuesta por Uribe, es renegociar el acuerdo o al menos los puntos que para él y sus partidarios son controvertidos. Esta opción parece poco viable, por el tiempo que demoraría, pero también porque algunas de sus propuestas resultan, a todas luces, irreconciliables con las posturas de las FARC-EP, las víctimas y las organizaciones sociales y, también en algunos aspectos, de la comunidad internacional. Tal es el caso de prohibir la participación política de los excombatientes, eliminar la posibilidad de que las organizaciones de derechos humanos litiguen ante las instancias de justicia creadas por el Acuerdo, así como medidas de alivio judicial para los militares que podrían entenderse como impunidad para crímenes de Estado. Otra opción aquí sería la de, en vez de renegociar todo, entrar a elaborar un anexo al acuerdo que permitiera desarrollar y concretar algunos de los aspectos que quedaban todavía vagos en el Acuerdo. Ésta es la propuesta del jurista y constitucionalista Rodrigo Uprimny que, además, podría permitir avanzar rápidamente en una propuesta, con participación de diferentes sectores de la población.

Otra opción sería la de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que había sido defendida por las FARC y también por el Centro Democrático en los meses pasados, pero que finalmente parece haber sido descartada por todas las partes. Una última salida, mitad jurídica, mitad política, sería la propuesta el día de ayer por Eduardo Cifuentes, expresidente de la Corte Constitucional. Cifuentes defiende que el resultado del plebiscito solamente sería vinculante para el presidente, pero no para el Congreso, de forma que, mediante otro mecanismo de participación popular, el cabildo abierto (una especie de asamblea ciudadana de deliberación y toma de decisiones contemplada en la Constitución), que tendría que ser convocado municipio por municipio, la sociedad podría obligar al Congreso a dar aplicación del acuerdo.

Pero también políticamente se están moviendo opciones, tanto entre los partidos y fuerzas políticas como entre la sociedad civil, como medidas de presión social y de legitimación política del acuerdo. El presidente llamó a las fuerzas políticas al día siguiente del plebiscito, dando lugar a una Comisión que buscar de forma concertada entre éstos una solución política. Pero la reunión entre Uribe y Santos que se dio el miércoles de esta semana hizo prender las alarmas de que pudiera estarse fraguando un nuevo acuerdo entre élites, como el que en 1957 dio lugar al Frente Nacional (de reparto del poder entre el Partido Conservador y el Liberal, que dejó por fuera al resto de sectores políticos). También entre organizaciones sociales se está formando un espacio de unidad por la paz para defender el acuerdo. Igualmente, desde las organizaciones indígenas se está reivindicando la misma necesidad de entrada en vigor del acuerdo, lo que resulta muy positivo, teniendo en cuenta que hasta prácticamente el final de la negociación los pueblos indígenas habían mostrado muchas reticencias con el proceso. Ahora, demandan que éste sea implementado ya en sus territorios, como exigencia para poner fin a esta guerra, de la que ellos han sido una de las principales víctimas.

Frente a ese posible Pacto Nacional de élites y también para mostrar el ardiente deseo de paz y la exigencia de “¡Acuerdo Ya! Queremos paz”, en los días pasados fueron convocadas varias marchas en distintas ciudades, con una gran participación que, en el caso de Bogotá, superó las sesenta mil personas, siendo una de las de mayor afluencia en los últimos años. La iniciativa #PazALaCalle, promovida por sectores sociales en Bogotá, está también llevando a cabo numerosas propuestas de autoorganización popular en defensa de los acuerdos, como la celebración de cabildos abiertos, de pedagogía y acciones en defensa de los acuerdos, como movilizaciones y plantones. El próximo viernes 14 se está convocando una gran movilización nacional de apoyo al Sí, que será precedida el día 12 por una de los pueblos indígenas.

Al mismo tiempo, la comunidad internacional, tantas veces clave en el conflicto colombiano, puede ejercer hoy también una influencia fundamental para encontrar una salida a la situación que permita el acuerdo entre el gobierno y las FARC, con apoyo de la sociedad civil. La concesión del premio Nobel a Juan Manuel Santos el 7 de octubre o la publicación del Comunicado Conjunto 2, firmado por ambas partes y publicado el mismo día, señala el acuerdo entre las partes, con apoyo de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la decisión de mantener el acuerdo de cese al fuego.

Son muchas las opciones, pero también la incertidumbre. Colombia vive hoy entre la esperanza por lograr la paz con las FARC y encaminar la negociación entre el gobierno y el ELN, lo que permitiría lograr una paz completa, y el miedo a volver atrás, a una guerra que se prolongue otros 52 años más. ¿Será ésta una nueva oportunidad perdida? Esperemos que no: el deseo de paz y la esperanza de comenzar a transformar la realidad del país y sustituir definitivamente las armas por las palabras es hoy más claro y generalizado que nunca. Los actores políticos y la sociedad civil, con apoyo de la comunidad internacional, tienen que encontrar una solución política, y jurídica, que permita avanzar en la entrada en vigor y la implementación de un acuerdo que ha sido considerado uno de los mejores y más completos del mundo. La paz es urgente, la sociedad y, sobre todo, las miles de víctimas de este conflicto se la merecen.

(Foto: cortesía de Hugo.)

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